El pasado mes de Septiembre, tal y como publica el día 13 de octubre,  el periódico "El Día de Valladolid", EYSER concluyó el Estudio de las Necesidades de Depuración de 166 municipios de la provincia de Valladolid que cuentan con menos de 2000 habitantes equivalentes.
El citado artículo  describe algunos aspectos del contenido del estudio, así como algunas conclusiones y consecuencias del mismo, que se transcribe a continuación.
 
"Instalar un sistema de depuración de aguas en 166 municipios, pedanías y núcleos de población de la provincia de Valladolid cuesta 28.250.576 euros. Así se desprende del estudio de necesidades de depuración de aguas residuales en los municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes encargado por la Diputación de Valladolid y cuyos resultados se encuentran ya en posesión del servicio de Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.

El informe, que ha realizado primero un cálculo de la población equivalente para el año 2033 (doméstica, industrial y ganadera), refleja para cada municipio el sistema de depuración que precisaría, así como el coste aproximado que requiere la instalación de una depuradora, el emisario y la acometida eléctrica. «Es un estudio técnico que valora y estudia la situación real de la provincia en materia de depuración de aguas para, a partir de ahora, empezar a trabajar», explica el diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Máximo Gómez.

La contratación de este estudio, que se adjudicó en febrero a la empresa Eyser, Estudios y Servicios por 30.150 euros, responde a la «preocupación» de los Ayuntamientos ante las advertencias de la Confederación Hidrográfica del Duero de no renovar las concesiones de vertidos hasta que no cumplan la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales. Principalmente en los de menos de 2.000 habitantes, pues la Junta atenderá esta legislatura las necesidades de 43 localidades que superan este umbral de población para cumplir la directiva 91/271 de Depuración de Aguas.

Aunque la competencia en esta materia «es municipal», la Diputación se sentará ahora a dialogar con la Junta y los propios ayuntamientos para colaborar con ellos en la búsqueda de un método de financiación. «Tenemos que ver ahora cómo vamos a colaborar para poder costearlo, porque se podría realizar incluso a través de Planes Provinciales, pero hay que estudiarlo», matizó Máximo Gómez, quien estima que el coste final podría rebajarse a «unos 25 millones», pues existen municipios como Traspinedo, Villanueva de Duero, La Pedraja y Fuensaldaña que por población «podrían entrar en el plan de la Junta», y además «se pueden reducir presupuestos y cambiar incluso el sistema en algún caso».

No obstante, el diputado de Agricultura y Medio Ambiente confía en que la CHD «sea sensible» y «no empiece a sancionar», pues el pasado año abrió ocho expedientes sancionadores por vertidos a siete ayuntamientos de la provincia por importes que alcanzaban incluso los 30.000 euros."